Analizamos si las empresas realizan alguna de las actividades vulnerables establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para en su caso dar cabal cumplimiento a lo establecido en dicha legislación y de esa forma evitar sanciones administrativas y la posible comisión de los delitos establecidos en dicha legislación. Con lo anterior se busca implementar una política de prevención que también mitigue el riesgo de que la empresa sea ofendida en la comisión de delitos cometidos por sus trabajadores o por terceros.

Nuestros clientes incluyen importantes empresas nacionales e internacionales de diversos giros como industrial, químico, farmacéutico, automotriz, aeronáutico, comercial, servicios; y financiero como instituciones de crédito, sociedades de inversión, sociedades financieras de objeto limitado y/o múltiple, pertenecientes tanto al ámbito privado como al sector público, así como gobiernos locales, municipales y entidades paraestatales. No se incluyen nombres por cuestiones de confidencialidad.